Los gobernantes "progresistas" o que se dicen tales detestan la autoridad y la responsabilidad, por lo tanto tratan en lo posible de no ejercer la primera y de escapar de la segunda a como de lugar. Por ello se empeñan en diluir ambas en toda la comunidad, para ello inventan consensos, y diversas chicanas que los exhima de ejercer el poder que les ha sido delegado. Lo que vamos a leer a continusciòn es una muestra palpable de ello con el agravante que los actores de ese consenso no representan a la comunidad sino que lo hacen a si mismos y a determinados grupos ideologicos. Tomese nota de los nombres de los firmantes por que su presencia se ira repitiendo en todas estas iniciativas que se refieren a la disoluciòn del poder del Estado en Seguridad y Justicia
HACIA UN NUEVO CONSENSO DEMOCRÁTICO.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, tomó la iniciativa de convocar a los sectores más representativos de la vida social argentina con la finalidad de discutir y arribar a un consenso sobre los ejes que van a servir para elaborar e implementar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Con dicho propósito convocó a representantes del sector empresario, de las comunidades religiosa, educativa y académica, organizaciones sociales y de derechos humanos, del mundo del trabajo y de los medios de comunicación, a quienes expuso las ideas y objetivos fundamentales al par que escuchó opiniones y sugerencias. Todo ello condujo a la elaboración de un documento que, puesto a consideración, recibió propuestas y comentarios que fueron incorporados y concluyeron en un documento final a cuya firma, previa lectura se procede en este acto.
1. El derecho a la seguridad ciudadana comprende no sólo el respeto por la integridad física y moral de la persona, sino también el derecho a disfrutar de los demás bienes jurídicos que las leyes acuerdan y a la protección por parte del Estado frente a cualquier privación o afectación arbitraria sea cual fuere su origen.
En tal sentido es obligación de éste erradicar toda forma de violencia institucional, particularmente policial, y en especial respecto de los sectores más excluidos, como pueden serlo las detenciones indiscriminadas, los malos tratos en las comisarías, el abuso en el empleo de las armas, el fraguado de pruebas en investigaciones y demás.
2. En cumplimiento de éstas obligaciones el Estado debe brindar seguridad a través de los órganos especializados que conforman el sistema penal, esto es, las agencias judicial, policial y penitenciaria y el conjunto de leyes aptas para organizar del mejor modo posible dichos recursos para prevenir la agresión o perturbación de tales derechos y para posibilitar la sanción de toda violación.
3. Una buena policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; jueces penales que investiguen, castiguen en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garanticen la plena observancia de las reglas del debido proceso y en particular la de la defensa en juicio; y cárceles rehabilitadoras, sanas y limpias, constituyen condiciones necesarias pero no suficientes para una adecuada protección de las personas.
Igualmente ha menester mejorar los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública, a la vez que garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. También debe considerarse labor esencial del Estado procurar el fortalecimiento y la cooperación con la sociedad civil, no sólo en lo concerniente al funcionamiento del Poder Judicial sino también a la institución policial.
4. En efecto, tanto las instituciones como las leyes penales se encuentran diseñadas para atender conflictos en comunidades en las que las generalidades de sus miembros conforman sus conductas a las exigencias del orden jurídico. Cuando ello es así, también puede apreciarse que las necesidades de los miembros de la comunidad se encuentran razonablemente satisfechas. Empero, en circunstancias particulares en que tal cuadro de situación se ve francamente alterado, el sistema penal deja de producir las respuestas esperadas, lo que genera frustración social y una relación de tensión entre aquél y la comunidad.
5. Una mirada superficial, facilista y demagógica de esa situación, ha conducido invariablemente a una apelación al valor mítico de la pena generando la ilusión de que la tranquilidad social depende de su magnitud y del uso ejemplarizador y masivo del encarcelamiento, en especial, en forma preventiva y aún sin condena.
6. La utilización, por años, de tal tipo de recetas lejos de haber servido para reducir los índices del delito, posibilitó su incremento, produjo una verdadera inflación penal y trajo escepticismo sobre las instituciones penales.
7. La manera eficaz de reducir el crimen no es ésa, sino, en todo caso, aquella que se muestra apta para operar sobre las causas del delito con miras a reducir la violencia en todas sus formas.
8. En nuestro país, como en tantos otros de América Latina, existen causas muy claras de violencia social que se transforman en fenómenos de criminalidad creciente, expresados patéticamente en el tráfico de drogas y en un armamentismo de su sociedad civil más que peligroso si se aprecia la falta de idoneidad por parte de muchos de los que poseen armas. El incremento de la inequidad y la exclusión que sufrió la Argentina en las últimas décadas, creó las condiciones para el aumento de delitos violentos, al punto que un sistema injusto y excluyente permitió que sus víctimas sociales se transformasen a la postre en victimarios. Sin embargo, hoy la República Argentina está en las mejores condiciones para revertir dicha situación en razón del ciclo de crecimiento más prolongado de los últimos setenta años y de una clara voluntad política de cambio.
9. La casi totalidad de los cerca de sesenta mil presos que pueblan las cárceles del país reconoce ese origen sin que quepa abrigar esperanzas de que el encierro tenga utilidad alguna, al menos a los fines que se pretenden. La Provincia de Buenos Aires tiene la segunda población carcelaria más alta de América Latina y sin embargo no revirtió la situación. A ello cabe añadir la paradójica circunstancia de personas que delinquen con impunidad al amparo de las deficiencias del sistema o de situaciones de privilegio provenientes de su vinculación con alguna fuente de poder.
10. Por su parte, miles de niños y adolescentes , fuera de toda instancia de contención y control social, familiar, educativo e institucional, se hallan librados a su propia suerte, sin protección alguna, y expuestos a situaciones de conflictividad con la ley penal.
11. Frente al fracaso de las recetas recurrentes es imprescindible iniciar un camino diferente que, de una vez por todas, opere sobre las causas relevantes del crimen, dé respuesta a los problemas estructurales que fundamentan la violencia social y traduzca la voluntad y acción coincidentes de los diferentes gobiernos y de la comunidad en su conjunto para enfrentar a la exclusión social.
12. Debe ser erradicada la falsa premisa instalada en nuestra sociedad, por interés, omisión o ignorancia, en el sentido de que se es exitoso en la lucha contra el delito si tan sólo se incrementan las penas, aumentan las cárceles y su población,se encarcela a los niños de la calle por supuestos motivos tutelares y se deponen tantos miramientos en materia de garantías. En su lugar debemos construir un nuevo concepto de seguridad ciudadana que inaugure un nuevo discurso, incorpore como tema central la exclusión social en todas sus manifestaciones y elabore una estrategia de inclusión compatible con los requerimientos de mayor tranquilidad y confianza.
13. Frente a todo ello, las personas y organizaciones que tomaron parte de las deliberaciones, coincidieron en que la solución no es tan sólo más cárcel y más pena, sino más eficacia por parte del Estado en la cuestión de la seguridad y en la ejecución de políticas públicas que operen sobre las causas de la exclusión y la desigualdad social.
La segmentación notable de recursos y de esfuerzos públicos y privados para atender las consecuencias adversas de tal situación planteada, pone en evidencia la necesidad de que el Estado recupere y ejerza su función articuladora de las acciones de las organizaciones no gubernamentales que operan en la problemática.Esa, y no otra, es la manera en que un Estado Democrático y Social de Derecho atiende la demanda popular de más justicia y seguridad.
21/11/06
Dr. LEON CARLOS ARSLANIANMinistro de Seguridad Provincia de Buenos Aires
Firmantes del acta de consenso
A.P.D.H. Mar del Plata
A.P.D.H. Nacional Delegación La Costa
Asamblea por la Paz y la Justicia Lanús
Canal 7
Central de Trabajadores Argentinos
Centro Cultural Manuel Belgrano Pdo. de la Costa
Centro Cultural y Deportivo Madre por los Hijos Ing. Budge
Centro de Estudios Legales y Sociales
CGT
Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Comunidad BETEL
Dirección Provincial de Política Socio-Educativa
Edesur
Fundacion C.E.P.E.S.
Fundacion del Viso
Iglesia Evangélica del Río de la Plata
Iglesia Evangélica Luterana Unida
O.N.G. Derechos Humanos Zona Norte
O.N.G. Despierta Lanús
Presidenta Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Presidente Asociación Civil Culebrón Timbal
Presidente Foro Santa Teresita
Sec. Académica Depto. Derecho y C.P. Universidad Nac. La Matanza
Telefónica de Argentina
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Luján
Vicario de la Pastoral Social de San Isidro
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Seguridad, tomó la iniciativa de convocar a los sectores más representativos de la vida social argentina con la finalidad de discutir y arribar a un consenso sobre los ejes que van a servir para elaborar e implementar las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Con dicho propósito convocó a representantes del sector empresario, de las comunidades religiosa, educativa y académica, organizaciones sociales y de derechos humanos, del mundo del trabajo y de los medios de comunicación, a quienes expuso las ideas y objetivos fundamentales al par que escuchó opiniones y sugerencias. Todo ello condujo a la elaboración de un documento que, puesto a consideración, recibió propuestas y comentarios que fueron incorporados y concluyeron en un documento final a cuya firma, previa lectura se procede en este acto.
1. El derecho a la seguridad ciudadana comprende no sólo el respeto por la integridad física y moral de la persona, sino también el derecho a disfrutar de los demás bienes jurídicos que las leyes acuerdan y a la protección por parte del Estado frente a cualquier privación o afectación arbitraria sea cual fuere su origen.
En tal sentido es obligación de éste erradicar toda forma de violencia institucional, particularmente policial, y en especial respecto de los sectores más excluidos, como pueden serlo las detenciones indiscriminadas, los malos tratos en las comisarías, el abuso en el empleo de las armas, el fraguado de pruebas en investigaciones y demás.
2. En cumplimiento de éstas obligaciones el Estado debe brindar seguridad a través de los órganos especializados que conforman el sistema penal, esto es, las agencias judicial, policial y penitenciaria y el conjunto de leyes aptas para organizar del mejor modo posible dichos recursos para prevenir la agresión o perturbación de tales derechos y para posibilitar la sanción de toda violación.
3. Una buena policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; jueces penales que investiguen, castiguen en tiempo oportuno a quienes infringen la ley, garanticen la plena observancia de las reglas del debido proceso y en particular la de la defensa en juicio; y cárceles rehabilitadoras, sanas y limpias, constituyen condiciones necesarias pero no suficientes para una adecuada protección de las personas.
Igualmente ha menester mejorar los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública, a la vez que garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. También debe considerarse labor esencial del Estado procurar el fortalecimiento y la cooperación con la sociedad civil, no sólo en lo concerniente al funcionamiento del Poder Judicial sino también a la institución policial.
4. En efecto, tanto las instituciones como las leyes penales se encuentran diseñadas para atender conflictos en comunidades en las que las generalidades de sus miembros conforman sus conductas a las exigencias del orden jurídico. Cuando ello es así, también puede apreciarse que las necesidades de los miembros de la comunidad se encuentran razonablemente satisfechas. Empero, en circunstancias particulares en que tal cuadro de situación se ve francamente alterado, el sistema penal deja de producir las respuestas esperadas, lo que genera frustración social y una relación de tensión entre aquél y la comunidad.
5. Una mirada superficial, facilista y demagógica de esa situación, ha conducido invariablemente a una apelación al valor mítico de la pena generando la ilusión de que la tranquilidad social depende de su magnitud y del uso ejemplarizador y masivo del encarcelamiento, en especial, en forma preventiva y aún sin condena.
6. La utilización, por años, de tal tipo de recetas lejos de haber servido para reducir los índices del delito, posibilitó su incremento, produjo una verdadera inflación penal y trajo escepticismo sobre las instituciones penales.
7. La manera eficaz de reducir el crimen no es ésa, sino, en todo caso, aquella que se muestra apta para operar sobre las causas del delito con miras a reducir la violencia en todas sus formas.
8. En nuestro país, como en tantos otros de América Latina, existen causas muy claras de violencia social que se transforman en fenómenos de criminalidad creciente, expresados patéticamente en el tráfico de drogas y en un armamentismo de su sociedad civil más que peligroso si se aprecia la falta de idoneidad por parte de muchos de los que poseen armas. El incremento de la inequidad y la exclusión que sufrió la Argentina en las últimas décadas, creó las condiciones para el aumento de delitos violentos, al punto que un sistema injusto y excluyente permitió que sus víctimas sociales se transformasen a la postre en victimarios. Sin embargo, hoy la República Argentina está en las mejores condiciones para revertir dicha situación en razón del ciclo de crecimiento más prolongado de los últimos setenta años y de una clara voluntad política de cambio.
9. La casi totalidad de los cerca de sesenta mil presos que pueblan las cárceles del país reconoce ese origen sin que quepa abrigar esperanzas de que el encierro tenga utilidad alguna, al menos a los fines que se pretenden. La Provincia de Buenos Aires tiene la segunda población carcelaria más alta de América Latina y sin embargo no revirtió la situación. A ello cabe añadir la paradójica circunstancia de personas que delinquen con impunidad al amparo de las deficiencias del sistema o de situaciones de privilegio provenientes de su vinculación con alguna fuente de poder.
10. Por su parte, miles de niños y adolescentes , fuera de toda instancia de contención y control social, familiar, educativo e institucional, se hallan librados a su propia suerte, sin protección alguna, y expuestos a situaciones de conflictividad con la ley penal.
11. Frente al fracaso de las recetas recurrentes es imprescindible iniciar un camino diferente que, de una vez por todas, opere sobre las causas relevantes del crimen, dé respuesta a los problemas estructurales que fundamentan la violencia social y traduzca la voluntad y acción coincidentes de los diferentes gobiernos y de la comunidad en su conjunto para enfrentar a la exclusión social.
12. Debe ser erradicada la falsa premisa instalada en nuestra sociedad, por interés, omisión o ignorancia, en el sentido de que se es exitoso en la lucha contra el delito si tan sólo se incrementan las penas, aumentan las cárceles y su población,se encarcela a los niños de la calle por supuestos motivos tutelares y se deponen tantos miramientos en materia de garantías. En su lugar debemos construir un nuevo concepto de seguridad ciudadana que inaugure un nuevo discurso, incorpore como tema central la exclusión social en todas sus manifestaciones y elabore una estrategia de inclusión compatible con los requerimientos de mayor tranquilidad y confianza.
13. Frente a todo ello, las personas y organizaciones que tomaron parte de las deliberaciones, coincidieron en que la solución no es tan sólo más cárcel y más pena, sino más eficacia por parte del Estado en la cuestión de la seguridad y en la ejecución de políticas públicas que operen sobre las causas de la exclusión y la desigualdad social.
La segmentación notable de recursos y de esfuerzos públicos y privados para atender las consecuencias adversas de tal situación planteada, pone en evidencia la necesidad de que el Estado recupere y ejerza su función articuladora de las acciones de las organizaciones no gubernamentales que operan en la problemática.Esa, y no otra, es la manera en que un Estado Democrático y Social de Derecho atiende la demanda popular de más justicia y seguridad.
21/11/06
Dr. LEON CARLOS ARSLANIANMinistro de Seguridad Provincia de Buenos Aires
Firmantes del acta de consenso
A.P.D.H. Mar del Plata
A.P.D.H. Nacional Delegación La Costa
Asamblea por la Paz y la Justicia Lanús
Canal 7
Central de Trabajadores Argentinos
Centro Cultural Manuel Belgrano Pdo. de la Costa
Centro Cultural y Deportivo Madre por los Hijos Ing. Budge
Centro de Estudios Legales y Sociales
CGT
Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Comunidad BETEL
Dirección Provincial de Política Socio-Educativa
Edesur
Fundacion C.E.P.E.S.
Fundacion del Viso
Iglesia Evangélica del Río de la Plata
Iglesia Evangélica Luterana Unida
O.N.G. Derechos Humanos Zona Norte
O.N.G. Despierta Lanús
Presidenta Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Presidente Asociación Civil Culebrón Timbal
Presidente Foro Santa Teresita
Sec. Académica Depto. Derecho y C.P. Universidad Nac. La Matanza
Telefónica de Argentina
Universidad Nacional de Lanús
Universidad Nacional de Luján
Vicario de la Pastoral Social de San Isidro
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